Gabriel García Márquez concluía de manera lapidaria su obra “El Coronel no tiene quien le escriba” con una contundente respuesta que el propio Coronel daba a su esposa cuando ésta le inquiría sobre que comerían. “Mierda” respondía un tipo cansado de corruptelas y que mostraba un gran sentido del honor.

Esta es la situación en la que se encuentran millones de ciudadanos españoles cercados por la incompetencia de las administraciones públicas, con oficinas de empleo que, como en el caso andaluz, ofertan menos de 900 puestos de trabajo para más de 190.000 demandantes; una clase política ensimismada en su mediocridad y prebendas; unos sindicatos sobornados con dinero público y que únicamente representan a los funcionarios. Para rematar el panorama, una patronal capitaneada por el jefe de los golfos apandadores.

He sido un currela como tantos, toda mi vida, como mi padre, mis abuelos, todos se ganaron honestamente la vida. Alguno de ellos tipos broncos, de raigambre obrera que al final de sus días se avergonzaron del putiferio en que se había convertido esto que nos empeñamos en llamar España.

La aprobación, el pasado día 9 en el Congreso de los Diputados, de la Reforma Laboral tendrá como efecto inmediato la convocatoria de Huelga General del próximo 29 de septiembre, un evento festivo de dudosa efectividad. Y es que el horno no está para bollos, según  las encuestas, el 75 por ciento de los trabajadores (no sabemos nada de los que no tienen empleo) piensa acudir a su puesto de trabajo. Y es que los sindicatos no se enteran y nuestros legisladores pasan absolutamente de todo. ¿Como calificar a una legislación laboral que permite al empresario no pagar los salarios de sus empleados durante meses y que estos tengan que seguir presentándose en su puesto, poniendo de su bolsillo desplazamientos y comidas?

Gerardo Díaz Ferrán, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo

Sinceramente, no me importaría que se estableciese el despido libre siempre y cuando el sistema judicial funcionase. Así que yo reclamaría un marco muy flexible con costes más razonables para los empresarios pero en el que la fuerza de trabajo fuese un bien controlado por el trabajador. En caso de conflicto, lo que deberían funcionar serían los tribunales, con juicios rápidos que protegiesen a los trabajadores de las arbitrariedades de la patronal y que pudiesen establecer sanciones punitivas ejemplarizantes que resarciesen a los despedidos de una manera injusta. Otra de las propuestas sería acabar con la impunidad de los dueños de las sociedades haciéndole responsables de las quiebras y los impagos con sus bienes personales. Conozco el caso de grandes promotores, hoy supuestamente arruinados deudores de millones de euros a sus trabajadores, que mantienen el mismo nivel de vida y que siguen especulando con sus posesiones en Miami. Mientras tanto, los antiguos trabajadores agotan sus prestaciones y enjuagan sus lágrimas de rabia con sentencias judiciales totalmente inútiles conseguidas tras meses (e incluso años) de espera.

La realidad laboral de este país son sueldos que llevan bajando los últimos quince años, -donde ser mileurista se ha convertido en un lujo-, jornadas laborales inacabables sin ningún tipo de conciliación familiar posible (otro de los grandes fiascos del señor Zapatero). En resumen, un marco de relaciones más propio de un país en vías de desarrollo que de la sociedad moderna que pretendemos ser. Al margen quedan los funcionarios, de los cuales, el 30 por ciento deberían estar engrosando las oficinas del INEM o sus homólogas autonómicas (con lo que ahorraríamos más del 3% del PIB) junto con los miles de cargos políticos instalados mediante la “dedocracia” de los partidos y esos sempiternos sindicalistas liberados hace centurias de cualquier obligación laboral.

Y si no era esto suficiente, la ministra Salgado anuncia que la edad de jubilación subirá a los 67 años. Diseñar un sistema de cálculo de pensiones más racional debe estar fuera del alcance de sus mermadas neuronas achicharradas al leer el manual del nuevo Iphone 4 que la semana pasada se repartió entre todos los congresistas. Para predicar con el ejemplo, su señoría debería conceder las mismas prebendas con las que gozan nuestros representantes, al resto de los españoles y permitirles que con seis años cotizados se hiciesen merecedores de la pensión de jubilación máxima. Luego nos hablan del Pacto de Toledo, pensado para que la generación tapón, esa que ocupa todos los puestos más jugosos de instituciones, partidos, sindicatos y que forman una casposa clase empresarial, cobren suculentas pensiones.

La realidad para los componentes de la olvidada generación X y todos los que todavía son jóvenes -es decir, menores de 35 años- es saber si el día de mañana, habrá mierda para todos.

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